El general Juan Miguel Huertas Herrera, recién reintegrado al servicio activo para dirigir el estratégico Comando de Personal (Coper) del Ejército Nacional, quedó al descubierto en una investigación realizada por Noticias Caracol sobre nexos de altos funcionarios con las disidencias de las Farc.Esta dependencia es la que maneja traslados, retiros, nombramientos y ascensos dentro de la Fuerza, un poder administrativo de enorme peso interno. El general Juan Miguel Huertas Herrera fue nombrado jefe del Comando de Personal (COPER). Foto:archivo particularHuertas había sido retirado durante el gobierno de Iván Duque, por el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, pero volvió a la institución tras haber respaldado públicamente la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, un episodio que ya había generado debate.Generales retirados apoyan a Gustavo Petro Foto:Twitter Gustavo PetroLa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga su posible responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales —los llamados ‘falsos positivos’— cuando fue oficial de operaciones del Batallón de Artillería No. 4 entre 2002 y 2003. Documentos del tribunal señalan que varios de sus subalternos lo mencionaron como una figura relevante para entender lo ocurrido en esa unidad, aunque no ha sido declarado “máximo responsable”. Su caso sigue activo en la Sala de Definiciones Jurídicas.La controversia explotó luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara que Huertas aparece mencionado en chats, correos, fotos y cartas incautadas a las disidencias de alias Calarcá. Alias Calarcá. Foto:Archivo particular.Según la investigación, esos archivos describen encuentros y comunicaciones entre emisarios de la estructura guerrillera y el entonces general retirado, quien —de acuerdo con uno de los reportes— habría ofrecido contactos, movilidad, protección en retenes y hasta la creación conjunta de una empresa de seguridad para facilitar operaciones del grupo armado, aprovechando sus conexiones con funcionarios del Ministerio de Defensa, la inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).Los documentos, incautados en julio de 2024 durante la detención de una caravana con siete jefes de disidencias en Anorí (Antioquia), quedaron en poder de la Fiscalía, que —según Noticias Caracol— no ha avanzado en ninguna investigación pese a conocer su contenido desde hace más de un año. El informe también señala que las comunicaciones incluyen menciones a una supuesta financiación de la campaña Petro Presidente, y que el nivel de infiltración de las disidencias alcanzaba instituciones como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia.Redacción JusticiaMás noticias: