En 2025, año en el que la Nueva EPS estuvo gerenciada por el Gobierno tras la intervención de la Superintendencia de Salud, se registró un fuerte incremento en la cantidad de quejas por atención en salud ante la Defensoría del Pueblo. Se registraron 14.603 entre enero y diciembre del 2025, lo que representa un aumento del 107 por ciento frente al 2024. Sin embargo, hay regiones como Huila o Vichada en las que este pico superó el 500 por cientoAsí lo registra el más reciente informe de la entidad, que desagrega los principales reclamos de los pacientes por región. La Nueva EPS es una de las entidades con mayor cantidad de afiliados en el país. Foto:Cortesía Nueva EPSLa magnitud de la crisis es tal que la Defensoría del Pueblo recibió más de 107.000 quejas por vulneración del derecho a la salud en solo tres años (2022-2025), en su mayoría relacionadas con retrasos y negativas en la entrega de medicamentos. La situación es aún más grave para los pacientes de alto costo: se registraron cerca de 5.000 quejas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, de las cuales 1.100 se concentraron en solo 20 días de enero, lo que evidencia un deterioro acelerado en el acceso a los servicios y tratamientos.En la Amazonía, por ejemplo, el motivo más reiterado es la “falta de oportunidad en citas médicas especializadas o en medicina general”. Le sigue la falta de oportunidad en otros servicios, como procedimientos, tratamientos, exámenes de laboratorio, órtesis, prótesis e insumos médicos, cirugías, las fallas en la entrega de medicamentos y, por ejemplo, en Amazonas y Vaupés, la negación de cubrimiento de transporte, alojamiento y alimentación para el paciente.En Guainía y Guaviare, por ejemplo, la situación es crítica al ser la Nueva EPS el único asegurador. Allí, la Defensoría registró falta de disponibilidad de medicamentos del operador Discolmets, con negaciones, entregas incompletas y pendientes.Igualmente, se evidencian cartera y pagos atrasados con los prestadores, lo que ha generado suspensiones parciales de servicios. Por ejemplo, al Hospital San José del Guaviare (ESE II nivel) se le adeudan 54.000 millones de pesos y a la IPS Nueva Salud Integral, 2.000 millones de pesos, con corte a julio de 2025.En la zona Andina, que comprende departamentos como Boyacá, Caldas, Huila, Quindío y Tolima, se registraron problemas similares. Fallas en la asignación de citas médicas, en la entrega de medicamentos y otros servicios.En Boyacá, los principales reclamos están relacionados con la entrega de medicamentos. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la falta de disponibilidad por parte del operador Discolmets, con reportes de negaciones, entregas incompletas y fórmulas pendientes.En el Quindío, los problemas también se concentran en la dispensación de medicamentos y en la incertidumbre de los afiliados frente a la red de atención tras la salida de Colsubsidio desde el 1° de enero. Usuarios han reportado fallas en la información y comunicación sobre los gestores farmacéuticos habilitados, lo que ha incrementado el número de tutelas y PQR.En Tolima, la Defensoría ha advertido fallas graves en la estrategia de entrega de medicamentos, lo que ha generado una saturación del sistema de urgencias ante la imposibilidad de muchos pacientes de acceder a sus tratamientos.La protesta ocurre en medio del agravamiento de la crisis financiera de Nueva EPS Foto:ENHUAdemás, se reporta una capacidad hospitalaria desbordada, con ocupaciones cercanas al 200 %, dificultades en remisiones, pago de viáticos y organización de agendas dentro de la red contratada. La situación sanitaria también se ha tensionado por un brote de fiebre amarilla: en lo corrido de 2026 se han registrado 20 casos, con 11 fallecidos.En la región insular, San Andrés y Providencia, se calcan las mismas falencias: interrupciones y suspensiones en la entrega de medicamentos para pacientes crónicos por parte de la IPS Cafam, así como una red de prestadores deficiente que ha generado represamiento de usuarios y demoras en la atención. A esto se suman dificultades para concretar traslados aeromédicos de pacientes que requieren mayor nivel de complejidad, debido a la limitada disponibilidad de instituciones en otros territorios dispuestas a recibir afiliados de la Nueva EPS.En la Orinoquía, se alertó igualmente las moras en la dispensación de medicamentos y problemas de cartera que ya impactan los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes. En Arauca, por ejemplo, se han registrado interrupciones y suspensiones en la entrega de medicamentos, agravadas por la cartera y los pagos atrasados que han derivado en la indisponibilidad de tratamientos.En la región Pacífico, las fallas en la dispensación de medicamentos también están relacionadas con deudas que superarían los 250.000 millones, lo que ha impactado la atención de pacientes crónicos. A esto se suma una red insuficiente de prestadores que ha concentrado la presión asistencial en pocos centros de referencia.En el Chocó, el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó declaró estado de emergencia tras registrar una ocupación superior al 280 % en urgencias de adultos, en medio del cierre de IPS privadas que lo dejaron como el único receptor de casos de mediana y alta complejidad. El desabastecimiento de medicamentos e insumos, sumado a la quema de camiones, redujo el inventario operativo del hospital a niveles de alto riesgo.Y en la región Nororiente, se reportan usuarios con esperas superiores a seis meses —e incluso años— para la entrega de medicinas, especialmente en farmacias Audifarma y Cafam. No se han reactivado citas con especialistas ni se está haciendo seguimiento oportuno a enfermedades crónicas, lo que agrava el riesgo para los usuarios.La crisis financiera también ha golpeado la atención en una región golpeada por la violencia del conflicto armado. La falta de pagos a las IPS ha generado amenazas de cierre en varios hospitales de Norte de Santander. Además, se alerta sobre la continuidad del servicio en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, y del riesgo de cierre de servicios en el Hospital Emiro Cañizares, en Ocaña. Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia