En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, 17 de los 32 gobernadores se aliaron para desconocer una norma dictada por el Gobierno Nacional porque consideran que va en abierta contravía de la Constitución.El jueves pasado, siguiendo la ruta marcada por el mandatario antioqueño, Andrés Julián Rendón, gobernadoras como Dilian Francisca Toro (Valle), Adriana Magali Matiz (Tolima) y Rafaela Cortés (Meta) anunciaron que, apelando a la excepción de inconstitucionalidad, inaplicarán el Decreto 1474 de 2025, que disparó del 4 al 19 % el IVA de las bebidas alcohólicas y, además, cambió de un plumazo el mandato constitucional que dice que la plata recaudada por impuestos al trago y al cigarrillo se destina a financiar la salud, la educación y el deporte en los departamentos. Reunión de los gobernadores en la FND, en Bogotá. Foto:archivo particularEl gobierno del presidente Petro quiere llevarse el excedente de lo que hoy se recauda para sus propios gastos. Con los hospitales públicos del país en crisis, la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda tomaron una medida que golpea las finanzas de las regiones porque, además, el aumento de los 14 puntos porcentuales en el IVA podría disparar las ya disparadas cifras del contrabando. Todo esto al amparo de una emergencia económica que, a la luz de lo que dice la Carta Política y de todos los precedentes de la jurisprudencia, no tiene fundamento porque las razones argumentadas por el Gobierno no son sobrevinientes y tampoco insuperables mediante el uso de las facultades normales del poder Ejecutivo. Es por eso que entre la mayoría de juristas y analistas del país se advierte que la emergencia es abiertamente inconstitucional.Decreto Petro emergencia económica Foto:Presidencia “Ninguno de los ocho puntos que el Gobierno da como razones para la emergencia es sobreviniente: son un cúmulo de distintos malos manejos fiscales del Gobierno nacional. Una emergencia invernal como la de años atrás no ha ocurrido recientemente. Es decir, todo lo que ellos mencionan son situaciones derivadas de inacciones de los últimos años del actual Gobierno”, dice el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta. El exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez comparte este criterio jurídico. “En términos generales las ocho razones que aduce el Gobierno obedecen a problemas estructurales, no son hechos que surjan súbitamente. Por ejemplo, no puede ser sobreviniente una reforma propuesta por un Presidente y que no se la haya aceptado el Congreso. Por eso, a mi criterio, este decreto no superará la revisión de la Corte”, advierte. La tesis transversal del decreto sostiene que existe una incapacidad estatal para garantizar derechos fundamentales y prestar servicios básicos, “debido a una situación fiscal que adquirió el carácter de grave, por la ocurrencia de varios hechos que afectaron de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la Nación”. Entre estos el hundimiento de la reforma tributaria, cuyos artículos terminaron siendo expedidos vía estado de excepción. También se invoca el cumplimiento del reajuste de la UPC –reiteradamente burlado por el Ministerio de Salud pese a una orden de la Corte Constitucional–, las obligaciones atrasadas, la ola invernal y la agudización del conflicto. “Los argumentos de la emergencia fueron construidos con refinamiento para justificar que se trata de algo sobreviniente. Sin embargo, eso no implica que realmente lo sea. Hay muchos elementos probatorios que ponen en entredicho que no se hubiese podido prever la situación fiscal en caso de no ser aprobada la ley de financiamiento”, afirma Alejandro Magaldi, profesor del Externado y constitucionalista. De hecho, los 16 billones de pesos que se buscaban recaudar con la reforma tributaria negada son apenas el 3 % del Presupuesto General de la Nación para este año. Además, en una operación opaca y con un único oferente, antes de finalizar el año el Ejecutivo se endeudó por $23 billones mediante bonos TES, con tasas de interés más altas que las del mercado. Con este precedente, la Corte Constitucional planteó, por primera vez en tres décadas, sesionar de forma extraordinaria para ejercer el control inmediato de la emergencia económica. Sin embargo, la ley estatutaria de la vacancia judicial los retuvo hasta el 13 de enero, cuando se repartió el expediente. El decreto madre fue asignado al magistrado Carlos Camargo y el decreto derivado —que creó los impuestos— al magistrado Juan Carlos Cortés. Al cierre de esta edición, ninguno de los despachos había formulado una medida cautelar que suspendiera los efectos del decreto, como lo solicitaron una docena de ciudadanos y asociaciones como Fedepartamentos y Asocapitales. No obstante, EL TIEMPO conoció que la Sala Plena de los próximos 21 y 22 de enero debatirá esta posibilidad —rara vez utilizada por este tribunal—, incluso a partir de proposiciones de magistrados que no han sido asignados como ponentes. Otro hecho atípico que se explica, según altas fuentes, por la abierta ‘arbitrariedad’ de la actuación del Ejecutivo. La Corte Constitucional empató en esta sesión deliberativa sobre el futuro de la reforma pensional. Foto:Archivo particularMientras se espera este freno de mano, los gobernadores, usando la misma figura a la que apeló el Presidente para tratar de imponer, vía ‘decretazo’, su consulta popular —desconociendo el ‘no’ del Senado—, anunciaron que no transferirán 14 puntos del recaudo adicional del IVA a la Nación. Incluso fichas del oficialismo, como Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, alertaron sobre el perjuicio que este tributo causaría a los departamentos y se ofrecieron a mediar una conversación con el Gobierno para llegar a una salida concertada. Para la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, “se está castigando la gestión territorial, porque cualquier esfuerzo adicional de recaudo termina en manos del Gobierno Nacional. Es, literalmente, un raponazo a los recursos de las entidades territoriales”. Por su lado el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, aseveró que “esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”. Este nuevo pulso se suma a una seguidilla de choques entre el nivel central y los gobiernos locales —una relación fracturada desde el primer momento del Gobierno por discrepancias ideológicas— y abrió otra arista al debate jurídico sobre el uso de la excepción de inconstitucionalidad, que, según los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Andrés Idárraga, sería una ‘desobediencia civil’ disfrazada y tendría implicaciones penales. Su posición de hoy es totalmente contraria a la de hace medio año, cuando el Gobierno trató de usar la excepción de inconstitucionalidad para tratar de darle vida a la consulta popular, finalmente hundida por falta de viabilidad jurídica y política. “Esta excepción no se da frente a cualquier desacuerdo entre un funcionario y una norma; procede cuando es flagrante y clara la contradicción entre el texto constitucional y la disposición que se analiza. En el caso de los gobernadores, no es tan fácil sostener que exista una violación evidente de la Carta Política. A mi juicio, la salida es aplicar la jurisprudencia de la Corte y podría darse la suspensión del decreto que declaró la emergencia. Esta es la oportunidad para que la Corte lo diga”, señaló Gómez Méndez, quien además advirtió que no tiene sentido tampoco pensar que los gobernadores deban responder jurídicamente: “lo que hay es una diferencia de criterios”. Gobernadores acordaron no aplicar el impuesto mientras esperan decisión de la Corte Constitucional. Foto:Gobernación del Valle del CaucaSi bien en precedentes como el trámite del decreto de la conmoción interior en el Catatumbo la Corte tardó cuatro meses en fallar, voces del alto tribunal le aseguraron a este diario que priorizarán el tema por la vigencia inmediata de los impuestos y que podría haber una decisión de fondo en febrero. Mientras tanto, además de las regiones, muchos sectores están pendientes de una medida cautelar que frenaría en seco la jugada del Gobierno para imponer impuestos y aumentar caja justo en plena época electoral. Sara Valentina Quevedo Delgado y Carlos LópezRedacción Justicia