La Defensoría del Pueblo acaba de lanzar una alerta urgente por la grave crisis humanitaria que enfrenta el municipio de Cartagena del Chairá, al oriente del departamento del Caquetá, como consecuencia de la intensificación de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales con fuerte presencia en esa región del país.El órgano de control manifestó su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil, especialmente en la zona del Bajo Caguán, donde el recrudecimiento de la disputa territorial ha generado un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y de acceso a derechos fundamentales.De acuerdo con el pronunciamiento de la Defensoría, la situación se deriva de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando del jefe disidente alias ‘Calarcá’, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, liderado por el también disidente alias ‘Iván Mordisco’, estructuras que mantienen una disputa armada por el control del territorio.Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Foto:Cortesía“Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, explicó la Defensoría, recordando que estos riesgos fueron previsibles desde 2024.En medio de este panorama, adicionalmente, el pasado 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un “paro armado” en Cartagena del Chairá, medida que se suma a otra similar anunciada por ese mismo grupo en diciembre de 2025.La Defensoría del Pueblo señaló que, además, el sector del Bajo Caguán permanece expuesto a restricciones de movilidad desde octubre de 2025, cuando integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño emitieron órdenes que limitaron la circulación de los habitantes y el desarrollo normal de actividades cotidianas.Estas restricciones, según el organismo de control, han generado continuas limitaciones al acceso de las comunidades campesinas y rurales a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación, profundizando la situación de vulnerabilidad en el territorio.Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo exigió a los grupos armados que excluyan de manera estricta a la población civil de las hostilidades y se abstengan de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.Vallas en Cartagena del Chairá, Caquetá. Foto:Archivo particular“Se insta a las autoridades de los niveles local, departamental y nacional a implementar acciones urgentes, coordinadas y eficaces, con enfoques diferencial y de acción sin daño, orientadas a la protección y atención integral de la población civil en riesgo”, concluyó la entidad.Finalmente, la Defensoría aseguró que continuará realizando seguimiento permanente a los hechos y que ejercerá su labor constitucional de defensa y garantía de los derechos humanos en el territorio, mientras persista la crisis humanitaria en el sur del país.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA