En los últimos cinco años, la violencia homicida en Colombia no ha dejado de crecer. Se trata de un nuevo ciclo de violencia que ha pasado inadvertido y podría seguir creciendo sin que las autoridades de seguridad y justicia hayan hecho lo que corresponde para detenerlo. LEA TAMBIÉN Son varios los ciclos de violencia que ha conocido el país en los últimos 65 años. Entre los años 1960 y 1980 se registró cierta estabilidad en esta materia, pues para 1958 se contabilizaron 7.380 homicidios y en 1979 fueron 8.054 casos. Durante la década de los 80 y parte de los 90 los homicidios se incrementaron, llegando a 28.284 casos en 1991. Se trató de violencia asociada al crecimiento y el fortalecimiento de los carteles del narcotráfico de Medellín y Cali; al nacimiento de los primeros grupos de paramilitares financiados por los carteles de la droga, como Muerte a Secuestradores (Mas), y al accionar fuerte de más de ocho grupos guerrilleros, en especial de las Farc y el M-19. En los años 1992 y 1993, tras la desmovilización de varios grupos guerrilleros, se logró estabilizar el comportamiento de este delito, con una cifra de homicidios por encima de 28.000; fue a partir de 1994 cuando se comenzaron a reducir estos casos, llegando a 23.209 en 1999, tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, la desarticulación del cartel de Medellín y la entrega y extradición de los jefes del cartel de Cali en 1996.Comportamiento del homicidio en Colombia en las últimas cuatro décadas. Foto:Medicina Legal – Razón PúblicaEsta importante reducción se interrumpió y los homicidios volvieron a incrementarse después del año 2000, con el crecimiento, la presencia y el accionar violento de grupos paramilitares en gran parte del territorio nacional y en algunas ciudades a finales de siglo, y con la concentración del gobierno de Andrés Pastrana en el proceso de paz con las Farc, con amplias prerrogativas para este grupo guerrillero. A partir del año 2003 se registró una importante disminución de estos hechos, solo interrumpida en el 2009, con la reorganización de los distintos grupos paramilitares y mafiosos tras la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos en 2008; y después de la pandemia, cuando se inició un nuevo incremento de la violencia homicida que se sostenía hasta el año pasado. LEA TAMBIÉN Este nuevo ciclo de incremento de la violencia en Colombia comenzó después de 2020, año en que el país registró 11.326 hechos, según los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A partir de 2021, la violencia homicida no ha dejado de crecer y en 2025 se registraron 14.788 casos, es decir, en estos últimos cinco años los homicidios han crecido en un 30,5 por ciento, y se pasó de una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2020 a una de 28, en 2025.Violencia estructural Al pasar de 11.326 homicidios en 2020 a 14.788 casos en 2025, este delito aumentó 30,5 %. Foto:Diana Sánchez. Archivo EL TIEMPOEn las últimas dos décadas, la violencia homicida ha mostrado ser cada vez más estructural, ligada mayoritariamente al crimen organizado, a grupos armados ilegales y a la delincuencia común, que representan el 75 por ciento de los casos; es decir, tres de cada cuatro homicidios en el país están relacionados con la delincuencia, y el 25 por ciento restante son por temas de convivencia. El sicariato en Colombia creció en 40 por ciento, al pasar de 5.920 casos registrados en 2015 a 8.907 en 2024, y en 2025, hasta el mes de agosto, se habían contabilizado 6.035 personas asesinadas bajo esta modalidad, que está relacionada con estructuras delincuenciales organizadas asociadas a las distintas rentas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico, la trata de personas, la extorsión, entre otros delitos. Este incremento del sicariato y otras modalidades han incidido en el aumento del homicidio en el país. LEA TAMBIÉN Según las cifras que reporta mes a mes el Ministerio de Defensa, los homicidios aumentaron en 9,4 por ciento en los últimos diez años, y entre enero y octubre de 2025, el incremento fue del 2,6 por ciento, comparado con el mismo período del 2024, una cifra que no coincide con la reportada por el Instituto de Medicina Legal, que registra un incremento de 7,9 por ciento en ese mismo período. ¿Qué hacer frente a este fenómeno? En las últimas dos décadas, la violencia homicida ha mostrado ser cada vez más estructural. Foto:Óscar Bernal. ArchivoPrimero, el Presidente debería trabajar coordinadamente con todos los gobernadores y alcaldes del país, no solo con los mandatarios locales afines a su gobierno. Creo que esto no se va a dar en lo que resta de este gobierno.Segundo, todas las autoridades de seguridad, de justicia y de control público deben trabajar por recuperar la confianza de los ciudadanos, que está en los más bajos niveles históricos. Esa confianza solo se recupera trabajando y entregando resultados en materia de seguridad y justicia que los ciudadanos requieren. Tercero, en lo que tiene que ver con los homicidios, se requiere aumentar el nivel de esclarecimiento de este delito, que en algunas ciudades está en el 40 por ciento, es decir, en apenas cuatro de cada diez homicidios se sabe quién los cometió, pero en un buen número de casos no se tiene al posible homicida detenido y por eso se habla de una alta tasa de impunidad, que podría superar el 90 por ciento. Para cambiar esto, se requiere incrementar sustancialmente el número de investigadores judiciales de la Policía y de la Fiscalía, así como de fiscales especializados en este delito. Cuarto, hay que identificar, perseguir, detener y judicializar a los sicarios y demás asesinos. En el caso del sicariato, algunos de los asesinos son responsables de múltiples casos sin que, hasta ahora, hayan sido detenidos ni judicializados. Quinto, hay que trabajar de manera cercana y permanente con las comunidades afectadas. En los barrios y territorios los ciudadanos saben quién mata, roba y comete otros delitos y no denuncian por miedo a la retaliación de los delincuentes y porque no tienen confianza en las autoridades. En este campo debe darse una intervención integral del Estado en los territorios donde se concentran la violencia y la delincuencia, en los que, además de los organismos de seguridad y justicia, participen instituciones de desarrollo social, con una amplia participación de las comunidades. LEA TAMBIÉN Sexto, hay que combatir el comercio ilegal de armas de fuego, ejercer mayor control y decomisar las armas ilegales que portan los ciudadanos en las ciudades y territorios.Séptimo, hay que fortalecer el sistema carcelario y penitenciario. El hacinamiento, el control delincuencial de las cárceles y la reproducción de la violencia y la delincuencia que se generan en estos establecimientos no se arreglan solo con justicia restaurativa. Hay que acabar con la corrupción y la ineficiencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y mejorar las condiciones generales de reclusión en el país. Hoy, más del 80 por ciento de los establecimientos carcelarios no son adecuados y, en la gran mayoría, se violan los derechos humanos. Octavo, hay que ejecutar acciones contundentes contra las estructuras criminales organizadas nacionales y transnacionales, en el marco del Estado de derecho. En esta línea, más que aumentar el número de miembros de la Fuerza Pública, hay que incrementar el número de servidores públicos especializados de la Policía y de la Fiscalía en labores de inteligencia e investigación criminal. Noveno, hay que fortalecer y crear más organizaciones comunitarias, generar capital social, promover y capacitar a los ciudadanos en mecanismos alternativos de solución de conflictos y contar con un programa de justicia cercano a los ciudadanos. Décimo, hay que recuperar la inteligencia estratégica de la Fuerza Pública para enfrentar esta violencia y la delincuencia estructural, ligada a organizaciones criminales nacionales y transnacionales que se disputan las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el comercio ilegal de armas y el contrabando.Hugo Acero- Razón Pública (**)Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá 1995, 2003 y secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis. (**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.La diferencia entre las cifrasEl hecho de que las cifras de homicidios de Medicina Legal y del Ministerio de Defensa no coincidan tiene que ver con un cambio que a comienzos de 2023 hizo esa cartera en la metodología para contabilizar los casos. En ese momento se anunció que el ajuste se hizo para alinearse con la clasificación internacional, y que por ello se excluirían las “bajas” de la Fuerza Pública, así como algunos casos de homicidios no intencionales.Desde entonces, varios analistas han cuestionado las variaciones que esto genera en el indicador, que ya no podría compararse con años anteriores, cuando no se aplicaba la exclusión.