Si bien la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró en 2021 el caso por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia, tras la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acuerdo firmado con el Gobierno, el caso podría reabrirse en caso de un grave incumplimiento.El cierre estuvo condicionado a la entrada en vigencia de la JEP y al acuerdo de cooperación firmado entre el Gobierno colombiano y la Fiscalía de la CPI, entonces encabezada por Karim Khan. Desde ese momento, Colombia quedó bajo un esquema de seguimiento técnico, que se activa periódicamente para evaluar si el Estado está cumpliendo lo pactado y si los procesos internos avanzan de manera genuina.Ese es el contexto de la visita que se llevará a cabo entre el lunes 9 y el jueves 12 de febrero, en la que la Fiscalía de la CPI revisará el estado de los compromisos asumidos por el Estado colombiano. La delegación estará integrada por Eugenia Valenzuela, oficial jurídica de la Unidad de Complementariedad y Sociedad Civil de Asuntos Externos de la Fiscalía, y Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos de la misma oficina.El fiscal de la CPI, Karim Khan. Foto:JEPDurante la agenda prevista, uno de los encuentros centrales será el que sostendrán con la JEP. Según lo programado, el miércoles en la mañana los delegados de la CPI se reunirán con los presidentes de las salas y secciones del tribunal de paz. Al día siguiente, el jueves, el diálogo se ampliará a la instancia de articulación en pleno, un espacio en el que participan el Gobierno nacional, los órganos de control, las Naciones Unidas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entre otras entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.Para la JEP, la visita tiene un peso que va más allá de un simple ejercicio diplomático. Así lo expresó su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, al subrayar que el funcionamiento efectivo de la jurisdicción es clave tanto para la reconciliación interna como para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.En los próximos días habrá una reunión entre la JEP y la defensa de ‘Macaco’. Foto:Cortesía JEP“Lo más importante es comprender que el funcionamiento de la jurisdicción es fundamental para la reconciliación; que de igual manera existen unos compromisos internacionales que tienen que ver con su funcionamiento. Hay un acuerdo con la Corte Penal Internacional que viene, de hecho, la otra semana a Colombia para revisar si efectivamente se está cumpliendo con lo acordado y que precisamente ese compromiso con la comunidad internacional es el que garantiza que la jurisdicción siga funcionando”, dijo Ramelli.El marco de esta visita está definido por el Acuerdo de Cooperación de 2021 entre el Gobierno de Colombia y la Fiscalía de la CPI. En ese documento se establecen obligaciones concretas para el Estado, empezando por el compromiso de apoyar los procesos judiciales internos sin interferencias. El artículo 1 señala que, sin perjuicio de la separación de poderes, el Gobierno se compromete a continuar respaldando los procesos ante las distintas instancias judiciales interconectadas, incluida la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la JEP.Ese apoyo, según el acuerdo, implica salvaguardar el marco constitucional y legislativo, asignar el presupuesto necesario para la implementación del sistema y prevenir cualquier interferencia con sus funciones. También incluye garantizar la seguridad y protección del personal judicial, de los fiscales y de quienes comparecen ante los mecanismos de rendición de cuentas, así como promover la cooperación entre entidades del Estado, en especial entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP. LEA TAMBIÉN El artículo 2 refuerza la obligación de transparencia y cooperación, al establecer que el Gobierno debe mantener informada a la Fiscalía de la CPI sobre los avances en investigaciones y procesamientos, y facilitar el acceso a registros y documentación pertinentes, siempre dentro de los límites de la legislación colombiana y del Estatuto de Roma.Pero es el artículo 6 el que marca el mayor punto de tensión. Allí se advierte que, conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía de la CPI puede reconsiderar su evaluación de la complementariedad si se presentan cambios significativos en las circunstancias. Entre ellos, medidas que obstaculicen el progreso o la autenticidad de los procesos, interferencias en el funcionamiento de las jurisdicciones, o cualquier suspensión o revisión del esquema judicial del Acuerdo de Paz que retrase u obstaculice procedimientos nacionales genuinos.Se trata de una evaluación clave sobre si el Estado colombiano sigue honrando los compromisos que permitieron, hace poco más de tres años, que la CPI confiara en la capacidad del país para investigar y sancionar, con sus propios mecanismos, los crímenes más graves del conflicto armado.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: