Una investigación de largo aliento permitió a las autoridades desarticular una red dedicada al tráfico de clorato de potasio, un insumo clave para la fabricación de artefactos explosivos, que ingresaba de manera irregular desde Ecuador hacia Colombia camuflado en cargamentos legales de uso agrícola.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sustancia era ocultada en envíos de abono para cultivos transportados en camiones de carga y en encomiendas despachadas a distintas regiones del país. Esta modalidad permitió que el material circulara sin levantar sospechas, aprovechando las dinámicas del transporte comercial y de mensajería.Búnker de la Fiscalía. Foto:Archivo. El material probatorio recaudado permitió identificar y judicializar a tres presuntos integrantes de la estructura: Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez. Según la investigación, entre 2024 y 2025 Prado Rosero y Marcial Maya habrían facilitado el ingreso del clorato de potasio al territorio nacional para su posterior distribución.Usamak Vásquez, por su parte, trabajaba en una empresa de envíos y encomiendas y habría utilizado su posición para asegurar la logística del tráfico ilegal. La Fiscalía sostuvo que el procesado presuntamente coordinó y verificó, al menos, 20 despachos del material, contribuyendo a mantener activa la cadena de suministro de la red.Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.La Fiscalía informó que, en el marco de esta misma investigación, ya han sido judicializadas 29 personas señaladas de integrar la red en diferentes zonas del país y se ha logrado la incautación de más de siete toneladas de material explosivo, un golpe que las autoridades califican como significativo para frenar el abastecimiento de insumos utilizados por estructuras criminales.Redacción Justicia