Una finca en El Espinal, Tolima, de más de 37.000 hectáreas, con cultivos de maíz, mango y fríjol, pero ocupada y “explotada” de forma irregular, arriendos irrisorios, altos costos de bodegaje y el progresivo deterioro de los bienes de la mafia (extintos o con medida cautelar) que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Este fue el cuadro con el que se encontró la Contraloría en una auditoría durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025 que terminó señalando un posible detrimento patrimonial superior a los 8.000 millones de pesos.Contraloría General de la República Foto:Milton Diaz / El TiempoEl ente de control identificó 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal. Son baches en la gestión de los bienes del Frisco, cuya razón de ser es monetizar estos predios y devolverle a la Nación recursos provenientes de actividades ilegales.Se identificaron deficiencias como la omisión de los procedimientos para ejecutar desalojos, elaborar estimativos de renta y llevar a cabo los procesos de comercialización de los predios. Asimismo, fallas en el control de los contratos de arrendamiento y falta de seguimiento a las funciones de los depositarios —las personas a quienes se les confían temporalmente los predios—.Además, se evidenció una gestión ineficiente de los vehículos. Algunos, con concepto de chatarrización, permanecieron almacenados en patiotalleres por periodos superiores a seis años, generando costos de bodegaje por más de 1.000 millones de pesos. “Adicionalmente, se evidencia la pérdida del valor de los carros, lo que representa un daño fiscal”, agregó la entidad.”En la administración de los bienes muebles e inmuebles no sociales con estado legal extinto se evidencian deficiencias que afectan la eficiencia y la legalidad del proceso. Persisten ocupaciones irregulares de más de una década sin acciones efectivas de recuperación ni estimaciones de renta actualizadas, lo que impide la adecuada explotación y aprovechamiento económico de algunos de estos inmuebles”. arrojó la auditoría.Asimismo, se identificaron contratos de arrendamiento con descuentos improcedentes que no se ejecutaron, y, en otros casos, la SAE no ha iniciado las acciones de terminación unilateral frente al incumplimiento de los arrendatarios, quienes realizaron subarriendos o hicieron reparaciones al inmueble sin autorización.Auditoria de la Contraloría a la SAE Foto:ArchivoLa Contraloría sumó a los hallazgos la falta de estrategias comerciales y de promoción para fomentar el arrendamiento o la enajenación de los inmuebles, así como deficiencias en la supervisión de las reparaciones y el mantenimiento. Tampoco se encontraron contratos para la custodia de los distintos medios de transporte, y se registraron demoras significativas en los procesos de enajenación, destinación y chatarrización.Entre los casos señalados en la auditoría, se evidencia que la SAE no ha avanzado en el desalojo de las personas que habitan, explotan y usufructúan cuatro predios propiedad de la Sociedad GC, ubicados en la zona rural del municipio de El Espinal, Tolima. Según las actas, algunos de estos inmuebles llevan más de 30 años ocupados de manera irregular.El seguimiento al acta de la visita del 30 de octubre de 2023 muestra una propiedad de 37.1273 hectáreas en buen estado, con mejoras locativas y cultivos agrícolas que reflejan la ocupación irregular, cuando en realidad estos predios deberían estar bajo administración del Estado.Frente a esta ocupación irregular, la SAE informó que había programado una visita técnica de inspección para el 19 de noviembre de 2025, con el objetivo de verificar el estado del predio y activar el protocolo interno de desalojo.”Esto evidencia la falta de gestión por parte del depositario provisional que estuvo a cargo de la administración de la sociedad hasta junio de 2022, quien, a octubre de 2025, no había rendido cuentas de su gestión, así como la ausencia de acción de la SAE para coordinar y activar los protocolos de desalojo, lo que permitió que terceros aprovecharan económicamente los inmuebles”, cuestiona la Contraloría.En conclusión, “la SAE tiene la obligación de adelantar la venta de las sociedades y sus activos bajo administración. Su función no es conservarlos de manera indefinida, sino gestionarlos temporalmente hasta su enajenación o entrega definitiva. Esta obligación responde a la finalidad del FRISCO, que busca garantizar que los bienes extintos generen valor económico, cumplan con sus obligaciones y contribuyan al fortalecimiento de los recursos públicos, mediante procesos de comercialización que aseguren su correcta disposición y aprovechamiento en beneficio del Estado”, agrega el informe.Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia