La región del Catatumbo completa 10 meses bajo una dinámica de riesgo sostenido en la que confluyen disputas armadas por economías ilegales, y un proceso de control territorial que ha modificado la vida cotidiana de miles de habitantes. El escenario ha estado marcado por el avance de hostilidades entre el Eln y dos estructuras disidentes de las extintas Farc, el ‘frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’.La zona tuvo una oleada violenta a comienzos de año que dejó más de 60.000 desplazados y docenas de muertos. El Gobierno anunció un despliegue para enfrentar a los responsables de la crisis, pero informes de inteligencia apuntan a que a pesar de ello siguen las disputas con una presencia significativa de cultivos de uso ilícito. El mapa ubica a Tibú como un corredor fronterizo de interés para los grupos armados, debido a su conexión directa con Venezuela y a las rutas que comparten quienes operan al margen de la ley.Los informes de inteligencia indican un aumento en la capacidad operativa del Eln y de las disidencias que delinquen en la región. Dichos reportes mencionan un proceso de expansión territorial y de reclutamiento, así como la sofisticación del uso de drones adaptados para portar explosivos. Este tipo de artefactos ha sido empleado por combatientes entrenados en territorio venezolano, según las evaluaciones internas conocidas por organismos de seguridad.La región del Catatumbo. Foto:CortesíaEn paralelo, organizaciones humanitarias y autoridades han documentado la consolidación del control social ejercido por el Eln en distintas zonas del Catatumbo. Las restricciones a la movilidad, los señalamientos y las imposiciones sobre las comunidades han configurado un entorno de presión permanente.En este contexto, la Corte Constitucional llevó a cabo la semana pasada una audiencia pública con el propósito de evaluar la respuesta estatal a la crisis humanitaria. Durante esa diligencia, la magistrada Natalia Ángel Cabo señaló que la región enfrenta un deterioro progresivo de sus condiciones de seguridad, sustentado en información recopilada por autoridades y medios de comunicación.Audiencia en la Corte Constitucional sobre crisis en el Catatumbo. Foto:Juan Diego Torres/El TiempoSegún el alto tribunal, cerca de 82.950 personas han sido desplazadas de manera forzosa durante este periodo, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. Además, 2.476 habitantes permanecen confinados, incluyendo 183 firmantes, mientras se reporta la desaparición de seis y el homicidio de siete excombatientes en proceso de reincorporación. Este panorama profundiza los riesgos para las poblaciones rurales en un territorio donde la movilidad y el acceso a bienes esenciales se han visto limitados.Los reportes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas muestran una tendencia creciente en los desplazamientos masivos. En 2018 se registraron 13 eventos de este tipo, la cifra más alta en 10 años. Sin embargo, los primeros meses de 2025 superaron ampliamente ese registro, con más de 60.000 víctimas, lo que implica un aumento aproximado del 336 % frente a los datos de 2018. Estas cifras han sido presentadas como evidencia de la insuficiencia de las medidas de protección y atención temprana para las comunidades.Organizaciones sociales del Catatumbo. Foto:@AscamcatOficiaFrente a esta situación, la Fuerza Pública activó la Operación Catatumbo, una estrategia de presión militar sobre estructuras del Eln y de los grupos disidentes. De acuerdo con sus reportes, se han recuperado 40 menores, 155 personas se han desmovilizado y se han realizado 147 capturas. En desarrollo de las operaciones han muerto 19 integrantes de estas organizaciones, al tiempo que se han incautado 167 armas cortas, 158 armas largas y se han destruido 2.821 artefactos explosivos hallados en diferentes puntos del territorio.La ofensiva también ha estado orientada a afectar las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico. Las cifras oficiales señalan la incautación de 16,9 toneladas de clorhidrato de cocaína, junto con 21.316 galones de cocaína en proceso, 34.818 galones de base de coca en proceso, 528.107 galones de insumos líquidos y 209 toneladas de insumos sólidos.Soldados en Catatumbo. Foto:CortesíaEn las zonas rurales han sido destruidos 392 laboratorios utilizados para el procesamiento de estupefacientes. El resultado de estas operaciones se estima en un impacto a economías ilícitas que asciende a $196.889 millones.Jesús Blanquicet – Justicia – @JusticiaET – justicia@eltiempo.com